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Se revisan varias regulaciones relativas a la contratación y estructura de peajes del sistema gasista para ofrecer nuevos servicios y lograr una mayor eficiencia
El real decreto facilita la actividad de bunkering de gas natural licuado en puertos, que aumentará la competitividad de estos y la calidad ambiental del aire
Se adoptan medidas de lucha contra el fraude en la comercialización de gas natural
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un real decreto que contiene una batería de medidas destinadas a impulsar la utilización de las infraestructuras gasistas, así como a mejorar el funcionamiento del mercado. Estas medidas se articulan mediante la modificación del Real Decreto 949/2001 (acceso y régimen económico del sistema), del Real Decreto 1434/2002 (regulación de actividades) y del Real Decreto 984/2015 (mercado organizado), entre otras normas.
Este real decreto adapta el marco regulatorio para facilitar la contratación de nuevos servicios en las instalaciones gasistas y hacer un uso más eficiente de los existentes.
Cabe destacar, a este respecto, las medidas relativas al bunkering (suministro de combustible de barco a barco), que son particularmente importantes para dar un mayor uso a las plantas de gas natural licuado (GNL) y para permitir que los puertos españoles puedan facilitar el suministro de GNL para navegación.
Asimismo, el real decreto establece la estructura del peaje de inyección de biogás/biometano desde las plantas de tratamiento de residuos, adaptando así el marco normativo actual a las necesidades de avanzar en la descarbonización de nuestra economía.
El real decreto aprobado establece un procedimiento más ágil para inhabilitar a las comercializadoras fraudulentas, a la vez que se protege a los consumidores afectados que seguirán manteniendo su suministro a través de una comercializadora de último recurso, sin perjuicio de que puedan cambiarse a otra comercializadora de su elección.
Se regula el procedimiento de baja de instalaciones de la red básica de gas y se regulan las obligaciones de desmantelamiento de las infraestructuras del sistema para garantizar la seguridad y la protección del medio ambiente.
Por último, se reestablece la tramitación de las instalaciones afectadas por el Real Decreto-ley 13/2012, lo que les permitirá obtener la autorización administrativa y se determina un procedimiento para evaluar si su puesta en operación comercial es necesaria para el adecuado funcionamiento del sistema gasista.